Donald Trump orquestó un “plan delictivo” para cometer “fraude electoral” en 2016, aseguró este lunes la fiscalía en el primer juicio penal a un expresidente estadounidense, pero para la defensa no hay “nada malo en tratar de influir en las elecciones: es democracia”.
Fiscalía y defensa presentaron este lunes los alegatos orales a los los 12 jurados y seis suplentes, que están encargados de sellar la suerte en este histórico juicio del político posiblemente más controvertido de la historia moderna del país, que aspira a volver en las elecciones de noviembre a la Casa Blanca.
Trump, 45º presidente de Estados Unidos, está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes, para que no interfiriera en la recta final de la campaña de 2016 que le llevó sorpresivamente a la presidencia.
El magnate republicano, de 77 años, “orquestó un plan delictivo para influir en la elección presidencial de 2016”, sostuvo el fiscal Matthew Colangelo en la presentación oral de la causa en el Tribunal Supremo de Manhattan.
“Fue fraude electoral, pura y simplemente”, dijo. “No se trataba de una estrategia de comunicación, sino de un plan coordinado como parte de una larga conspiración (…) para ayudar a elegir a Donald Trump”, agregó.
Pero para el abogado de la defensa, Todd Blanche, “no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Se llama democracia”.
Tras decirle directamente a los miembros del jurado que Trump “es una persona como usted y como yo”, el “presidente”, zanjó, está “revestido de inocencia”.
La fiscalía de Manhattan, dijo “nunca debería haber realizado este juicio”, antes de arremeter contra la credibilidad de los que le acusan, en particular su exabogado personal Michael Cohen, que será uno de los testigos estrella contra el magnate.
¿Qué sabía?
La acusación tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a Cohen que pusiera de su bolsillo el dinero para la exactriz Stormy Daniels, que después le fue devuelto en pagos fraccionados disfrazados como gastos legales, por lo que se declaró culpable y fue condenado a 3 años de cárcel en 2018. Además perdió su licencia de abogado.
Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel e incluso ser despojado de su derecho a voto. Si ganara la elección de noviembre contra el aspirante demócrata, el actual presidente Joe Biden, podría convertirse también en el primer mandatario que gobierna desde una cárcel.
En la causa, la fiscalía incluye otros acuerdos similares al de Daniels para tapar otros potenciales escándalos como el de una antigua modelo de la revista Playboy y un conserje que contó que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio en un intento de demostrar que había plan.
El primero testigo en subir al estrado antes de aplazar el juicio hasta este martes a las 9h30 (hora local) fue David Pecker, expresidente de la empresa editora del tabloide National Enquirer, viejo amigo de Trump y ahora enemigo, que compró para enterrarlas, historias susceptibles de afectar al magnate durante su campaña electoral.
“Día triste para Estados Unidos”
El multimillonario republicano, que se siente víctima de una “caza de brujas”, considera el juicio “injusto” y una “interferencia electoral” ya que mientras él está obligado a sentarse en la vetusta sala del tribunal, su rival político, el presidente demócrata Joe Biden, hace campaña.
“Es un día triste para Estados Unidos”, había dicho a la llegada a la audiencia.
“Va a ser el juicio más extraordinario probablemente de la historia del país. Lo que está en juego es casi infinito en términos de lo que podrían ser las consecuencias” para el magnate, declaró a la AFP el antiguo fiscal y actual profesor de derecho de la Universidad Pace de Nueva York, Bennett Gershman.
Trump, que durante su presidencia sobrevivió a dos intentos de destitución, también se enfrenta a otras tres causas penales, dos de ellas por intentar anular su derrota electoral de 2020 y por la gestión de documentos secretos tras abandonar la presidencia, que se han retrasado tanto que es poco probable que se celebren antes de las elecciones.
